¿Qué es el pacto de no competencia post contractual?

La revolución tecnológica y la transformación digital han provocado que el entorno laboral sea cada vez más competitivo para empleadores y empleados. En muchas ocasiones, la necesidad de cubrir vacantes es mayor que el número de profesionales adaptados a dichas ofertas.

Este ecosistema cambiante y volátil repercute directamente en la capacidad de las compañías para captar y mantener a profesionales con talento. Sin duda, esta es una de las razones por las que la inclusión de los denominados “pactos de no competencia post contractual” en los contratos laborales es una práctica cada vez más frecuente por parte de las empresas. (más…)

Novedades en materia de viviendas y alquiler

El pasado 5 de marzo se publicó en el BOE el Real Decreto – Ley 7/2019 de 1 de marzo de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler.

Al contrario que ocurrió con las modificaciones del alquiler introducidas el pasado mes de diciembre que fueron posteriormente revocadas, el Real Decreto 7/2019 ha sido convalidado por la Diputación Permanente del Gobierno por lo que se encuentra en vigor y se aplica a los contratos firmados en la actualidad y desde el pasado 6 de marzo.

Estas son las principales novedades:

Duración del contrato y de la prórroga: Vuelve a establecerse la duración mínima de cinco años en la duración del contrato cuando el arrendador sea una persona física y siete años en el caso de que el arrendador sea una persona jurídica o fondo de inversión.

En el caso de que ninguna de las partes manifieste su voluntad de no renovar el contrato con cuatro meses de antelación en el caso del arrendador y con dos meses de antelación en el caso del arrendatario, la prórroga tácita se alarga de 1 a 3 años.

Necesidades de la vivienda por parte de la familia del arrendador: Debe constar esta opción de recuperación expresamente en el contrato y deberá comunicarse la necesidad con un mínimo de dos meses de antelación (anteriormente era sólo un mes).

Si hay desalojo y en el plazo de tres meses no tiene lugar la ocupación, el arrendatario podrá optar a ser repuesto en el uso y disfrute de la vivienda por un nuevo período de cinco años, o siete años, con indemnización por los daños causados o a ser indemnizado con una mensualidad por cada año que quedará de cumplir hasta completar cinco años.

• Limitación de los avales suplementarios: En los arrendamientos de vivienda de cinco o siete años, el importe de estos avales no podrá exceder el valor de dos meses de fianza.

Gastos de gestión inmobiliaria: En el caso de que el arrendador sea persona jurídica, deberán ser por cuenta de éste los gastos de gestión inmobiliaria.

Desahucios: Posibilidad de suspender los desahucios si se aprecian indicios de vulnerabilidad en el arrendatario.

Pisos turísticos: Las comunidades de propietarios podrán adoptar acuerdos por mayoría de 3/5 partes para limitar la actividad de alquiler turístico de la vivienda.

Actualización de la renta: El incremento por la actualización anual de la renta no podrá exceder al incremento del IPC de cada actualización. En defecto de pacto expreso, no se aplicará actualización de renta a los contratos.

Subrogación contrato en caso de fallecimiento: No valdrá pacto en contra de la subrogación del contrato de alquiler de larga duración (superior a 5 o 7 años) en los herederos del inquilino, cuando los herederos se encuentren en situación de vulnerabilidad y afecte a menores de edad, personas con discapacidad o personas mayores de 65 años.

Enajenación de la vivienda arrendada: El adquirente de la vivienda arrendada deberá respetar los derechos y obligaciones del arrendador durante los cinco o siete primeros años de vigencia del contrato.

Más información: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-3108

 

Real Decreto-ley 6/2016, de 23 de diciembre, de medidas urgentes para el impulso del Sistema Nacional de Garantía Juvenil

El Real Decreto Ley 6/2016 introduce modificaciones significativas a la Ley 18/2014 que favorecerán el acceso y la inscripción de jóvenes al Sistema, respetando en todo caso los requerimientos derivados de la normativa comunitaria.   Así, bastará con no haber recibido formación ni haber estado trabajando el día anterior a la solicitud de inscripción para cumplir los requisitos en lugar de los 3 meses sin haber recibido formación o los 30 días sin empleo que se exigen con la regulación actual.    (más…)