Ley de Protección al informante / Canal de denuncias

Ley de Protección al informante / Canal de denuncias

Ley de Protección al informante / Canal de denuncias

Novedades legislativas

19/04/2023

El pasado 13 de marzo de 2023 entró en vigor la Ley de Protección al Informante. Esta nueva Ley obliga a determinadas empresas a incorporar un canal de denuncias con medidas de protección para las personas que informen de irregularidades acaecidas en la empresa.

¿Quiénes están obligados a implantar un sistema interno de información?

  • Las personas físicas o jurídicas del sector privado que tengan contratados a 50 o más trabajadores.
  • Las empresas privadas afectadas por la Ley de blanqueo de capitales y las leyes de protección del medioambiente, así como las dedicadas a productos y mercados financieros o seguridad en el transporte. Ello, con independencia del número de trabajadores que tengan contratados.
  • Los partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones empresariales y las fundaciones creadas por éstos, si reciben o gestionan fondos públicos.

¿Qué requisitos debe cumplir el sistema de información?

  • Indicar cómo efectuar la denuncia.
  • Garantizar la confidencialidad del informante.
  • Impedir el acceso a la información de la denuncia al personal no autorizado.
  • Designar la persona competente para tramitar las denuncias en plazo.

Régimen sancionador

Se establecen sanciones de hasta 300.000 euros para personas físicas y de hasta un millón de euros para personas jurídicas.

¿Cuál es el plazo para implantar el sistema de información?

  • Hasta el 1 de diciembre de 2023 para las empresas del sector privado con menos de 250 trabajadores/as y para las Administraciones Locales de municipios de menos de 10.000 habitantes.
  • Hasta el 13 de junio de 2023, para el resto de Administraciones, organismos, empresas y demás entidades obligadas.

¿Cómo podemos ayudarte?

Desde Pyramide Asesores te ofrecemos la posibilidad de ponerte en contacto con un despacho especializado que dispone de una plataforma desarrollada conforme la Ley de Protección al Denunciante.

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