El impuesto de actos jurídicos documentados, es un tributo autonómico que se aplica a todas las compraventas vinculadas a un préstamo hipotecario, derivado de elevar ese préstamo a escritura pública.

Hasta ahora, el responsable de su pago era el cliente, pero según la última sentencia del Tribunal Supremo de 16 octubre 2018, lo deben pagar los bancos. Entre las razones que llevan a esta decisión, el TS indica que el único interesado en que se inscriba un préstamo con escritura pública es el banco, porque únicamente con esa inscripción puede después ejecutar la hipoteca si procediera.

Sin embargo, dada la gran repercusión económica y social de la decisión del Tribunal, esta Sentencia ha sido paralizada con fecha 9 de octubre de 2018 hasta que el Pleno de la Sala decida el próximo 5 de noviembre sobre esta decisión.

Nuestra recomendación es esperar a la decisión que se tome el próximo 5 de noviembre, salvo en aquellas situaciones en que pudiera producirse la prescripción, en cuyo caso, se puede solicitar devolución de ingresos indebidos ante Hacienda.

Les mantendremos informados en relación a este asunto.