El día 1 de agosto entró en vigor el Real Decreto-ley 5/2018, de 27 de julio que permite la imposición de sanciones en materia de Protección de Datos.

Pese a que la norma europea establece un régimen en apariencia más severo, con sanciones que llegan hasta los 20 millones de euros, no cabe esperar, en la práctica que la Agencia rompa con una línea continuada en la que se sancionan con rigor a las empresas reincidentes, o que hacen gala de no respetar la norma, y en la que se “apercibe” en la mayor parte de las ocasiones a aquellas que incumplen la norma, si por las circunstancias se observe mala fe, temeridad o negligencia.

Las empresas deben de cumplir la normativa de protección de datos, por seguridad jurídica, desarrollando medidas ajustados a sus necesidades reales y no sólo para evitar multas, sino también por respeto a las personas con las que se relacionan y para mejorar las relaciones con ellas.